Es una herramienta de presión
diplomática unilateral que Washington suele utilizar. Lo hizo contra
la Cuba castrista o la Corea del Norte de Kim Jong-un, a cuyos
gobernantes, como hace ahora con Maduro, acusaba de violaciones de los
derechos humanos y de no respetar las reglas de la democracia.
Para Maduro son la prueba de “una guerra
económica” contra Venezuela impulsada contra el pueblo venezolano por
el “imperialismo estadounidense”.
Las sanciones restringen actividades económicas estratégicas y castigan a Maduro y otros dirigentes chavistas.
Sus críticos aseguran que solo generan sufrimiento a la población afectada.
La gran banca y los fondos de inversión estadounidenses están también entre los perjudicados esta vez.
Sumida en un grave deterioro económico
reconocido por distintas organizaciones internacionales, Venezuela
empezó en noviembre de 2017 a dejar de pagar algunos de sus bonos, lo
que ha llevado a algunas agencias calificadores como Standard &
Poor’s a hablar de default (incumplimiento de pagos) selectivo.
Gran parte de esos títulos de deuda
están en manos de fondos de inversión que operan en Wall Street, la gran
plaza del capitalismo global.
Las sanciones dificultan que algún día reciban al menos una parte de lo que invirtieron.
¿Por qué las sanciones perjudican a los acreedores?
Los expertos consultados coinciden en que la deuda venezolana es insostenible.
Luis Vicente León, economista y director
de la firma de encuestas Datánalisis, asegura que “es imposible que
Venezuela pague su deuda tal y como está planteada hoy día”.
Francisco Rodríguez, experto de la
consultora Torino Capital, explica en conversación con BBC Mundo, que
“cuando un país cae en default se suele buscar un acuerdo con los
acreedores sobre pagos más razonables y evitar un default permanente”.
Se trata, en definitiva, de alargar los
plazos de pago o, en los casos extremos, incluso pactar una reducción de
las cantidades adeudadas, lo que se conoce como una quita.
Es lo que sucedió en el caso de
Argentina, tras su default de 2002, o más recientemente de Grecia, otros
países que en los últimos años se vieron desbordados por su deuda.
Maduro anunció en noviembre de 2017 una
reestructuración de la venezolana y recientemente afirmó que “el proceso
va muy bien”, pero ni entonces ni ahora dio detalles.
El Ministerio de Comunicación no respondió a una petición de información de BBC Mundo.
En el caso de Venezuela y sus acreedores
estadounidenses toda reestructuración es hoy por hoy imposible. Ellos
no cobran y Venezuela sigue sin poder financiarse en los mercados
globales de deuda, como hacen la mayoría de estados del mundo.
¿La razón? Las sanciones.
En concreto, las contenidas en la Orden
Ejecutiva 13835 firmada por Trump el 21 de mayo, que prohíbe a
individuos y entidades con presencia en Estados Unidos adquirir nuevos
títulos de deuda venezolana.
La orden no impide la compra-venta en
los mercados secundarios de los títulos ya emitidos, pero toda
refinanciación requeriría la emisión de nuevos títulos que sustituyeran a
los ya vencidos, y los inversores estadounidenses no podrían aceptarlos
sin contravenir las disposiciones de la OFAC, (Oficina de Control de
Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), el organismo del
Departamento del Tesoro estadounidense encargado de velar por el
cumplimiento de las sanciones.
“Esto complica dramáticamente el problema”, diagnostica León.
Las sanciones, que señalan directamente
al vicepresidente económico Tareck El Aissami y a otros altos dirigentes
chavistas, impiden además alcanzar acuerdos con ellos, que son quienes
manejan las arcas públicas venezolanas.
“Se ha llegado a una situación en la que
la deuda venezolana ni se paga ni se reestructura, por lo que los
tenedores de bonos se ven al final con un instrumento sin apenas valor”,
apunta Rodríguez.
Todo ello explica que los bonos que sí pueden intercambiarse hayan perdido hasta un 80% de su valor inicial.
Mucha gente en Wall Street está perdiendo mucho dinero.
¿De cuánto estamos hablando?
Como las autoridades venezolanas llevan
tiempo sin hacer públicas sus estadísticas macroeconómicas, es imposible
precisar el monto total de la deuda.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) calculó en 2015 que la deuda externa bruta
ascendía a US$139.000 millones.
León eleva esa cifra hasta los
US$175.000 millones solo en deuda soberana, la emitida directamente por
el Estado. Esta cifra no incluye la de la petrolera estatal PDVSA ni los
préstamos bilaterales de socios como China o Rusia.
Los pagos incumplidos se pueden calcular
con más exactitud, ya que casi siempre se registran en Estados Unidos,
donde se producen la inmensa mayoría de las transacciones.
Desde que a finales del año pasado se
produjera el primer incumplimiento, Venezuela ha dejado de pagar entre
US$8.000 y US$9.000 millones.
Una cantidad que, según prevén incluso
economistas cercanos al chavismo como Óscar Forero, aumentará en 2019, a
medida que se acumulen más vencimientos.
Forero pronostica que “no quedará más remedio que vender activos en el exterior”.
El más estratégico de esos activos
es Citgo, una filial de PDVSA en Estados Unidos, y está amenazada por
las demandas de una compañía minera canadiense llamada Crystallex.
La minera reclama que, si Venezuela no
le paga lo que le debe, se le autorice tomar el control de Citgo y ya ha
obtenido varios pronunciamientos favorables de tribunales
estadounidenses.
Venezuela sí ha cubierto hasta ahora los
pagos que podían comprometer su control sobre Citgo y recientemente
llegó a un acuerdo provisional con Crystallex ante una corte de Canadá.
Deberá a partir de ahora cumplir con el
estricto calendario de pagos que se le ha impuesto si no quiere que esta
larga batalla legal se reabra.
Si la reestructuración es imposible, ¿entonces qué?
Los acreedores pueden recurrir a un
mecanismo legal conocido como aceleración de la deuda, muy severo con el
deudor, en este caso Venezuela.
La aceleración implica que, tras darse un impago en una emisión de bonos, toda la deuda de esa emisión es exigible de inmediato.
Rodríguez lo resume: “Sobre una emisión
de US$1.000 millones, si Venezuela dejara de pagar 100 de intereses, se
le podría exigir de inmediato la suma de US$1.100 millones”.
También puede derivar en el embargo de los activos en el exterior, como las plataformas y barcos petroleros de PDVSA.
Pero en la práctica este es un proceso
muy costoso que tampoco garantiza que los inversores perciban todo el
capital e intereses que les correspondería.
“Quizá vayan a cobrar un 5% de lo invertido y puede que no alcance ni para pagar a los abogados”, explica León.
La entrega de los barcos tampoco resulta
apetecible para los bonistas. “Si les entregan los barcos, Venezuela ya
no podrá exportar su petróleo, y si no lo hace, ¿de dónde va a sacar el
dinero para pagarles?”, se pregunta León.
Los numerosos acreedores afectados,
entre ellos algunas grandes firmas del mundo financiero estadounidense
como Blackrock o la neoyorquina Contrarian Capital Management, se han
agrupado en diversas plataformas para defender conjuntamente sus
intereses.
En muchos casos se requiere que al menos
un 25% de los tenedores de un bono estén de acuerdo para poder activar
las acciones legales y el asunto lleva meses en discusión.
Pero por ahora no se están activando las aceleraciones.
Rodríguez cree que en 2017, cuando se
produjeron protestas masivas exigiendo la salida de Maduro del poder,
“se extendió en los mercados la percepción de que podría producirse un
cambio de gobierno o un golpe de Estado”, lo que llevó a muchos a
esperar a la evolución de los acontecimientos.
Maduro resistió y esas expectativas se
evaporaron, por lo que Rodríguez cree que “en las próximas semanas se
verán ya acciones legales significativas”.
Lee Buchheit, experto del bufete
estadounidense Cleary Gottlieb, contempla que los acreedores, visto que
la situación en Venezuela no cambia, “intenten movimientos de lobby ante
el gobierno de Trump para que elimine las sanciones”, pero cree que en
el escenario actual es poco probable que puedan hacer valer sus
argumentos.
Rodríguez no descarta que estos
movimientos se estén dando ya en los círculos del poder en Washington,
pero advierte de que “tendrían un coste en reputación muy alto y nadie
querría aparecer como el que está pidiendo que le levanten las sanciones
a Maduro”.
Ya en 2017, el coloso financiero Goldman
Sachs sufrió críticas por adquirir alrededor de US$3.000 millones en
unos títulos de PDVSA peyorativamente bautizados en los mercados como
“los bonos del hambre”, en alusión a la situación humanitaria que
atraviesa Venezuela.
El último resquicio para los acreedores podrán ser las llamadas “licencias”.
Se trata de unos permisos excepcionales
que la OFAC (el organismo del Departamento del Tesoro) puede dar a
personas o entidades para que renegocien su deuda aunque esto vaya en
contra del esquema general de sanciones.
Rodríguez cree que “a medida que pase el
tiempo y Venezuela siga acumulando incumplimientos, los argumentos de
quienes las pidan serán más fuertes”.
(bbc.com)
Siria
no puede refinar su petróleo desde que sus refinerías fueron destruidas
por el Emirato Islámico (Daesh) y por los bombardeos de la coalición
internacional (encabezada por Estados Unidos y creada supuestamente
para luchar contra Daesh).
