miércoles, 12 de diciembre de 2018

La corrupción, el costoso 'cáncer' que está desintegrando a los Estados de todo el mundo

La corrupción, el costoso 'cáncer' que está desintegrando a los Estados de todo el mundo

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La corrupción tiene un costo astronómico en la economía mundial. Sin embargo, el peso en los países en desarrollo es notoriamente mayor y se plantea como uno de los desafíos más difíciles de sortear. Sputnik te acerca la realidad de este fenómeno en nuestra región, así como las posibles soluciones.
Es difícil esquivar el fantasma de la corrupción en América Latina: desde presidentes hasta ciudadanos de a pie, sobran los ejemplos de personas que han incurrido en este fenómeno. Según un estudio masivo realizado por la ONG Transparencia Internacional en 20 países de la región, más de 90 millones de personas pagaron un soborno a cambio de un servicio público en los últimos 12 meses.
Pesos mexicanos
Para tener una idea, esto equivale prácticamente a uno de cada tres ciudadanos que tramitaron un servicio público. Pero no se trata únicamente de un problema de América Latina: de acuerdo con cifras de la ONU, a nivel mundial se paga casi un billón de dólares en sobornos, mientras que se roban 2,6 billones, cifra esta última equivalente a más del 5% del PIB mundial. "El problema de la corrupción es fuerte. No solamente está a nivel regional sino que es mundial. De hecho yo diría que vivimos en la era de globalización de la corrupción", indicó a Sputnik Oscar Diego Bautista, profesor del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La bandera de México
Los obstáculos que pone la corrupción al desarrollo ha llevado a que el organismo le dedicara a su lucha un día internacional, que se celebra cada 9 de diciembre, como una manera de exhortar a los países del mundo a combatir este fenómeno. Según el informe de Transparencia Internacional, México es el país de América Latina donde más personas han admitido haber pagado un soborno en los últimos meses: lo hizo el 51% de la población, bastante por encima del 29% regional.
En el país varios casos han resonado y han repercutido de una manera u otra en los medios. La situación "llevó al hartazgo a la sociedad", explicó el académico, lo que se vio reflejado en las encuestas preelectorales sobre cuáles eran los principales problemas que preocupaban a los ciudadanos: "Siempre salían dos: el de la violencia y el de la corrupción", precisó el profesor.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México
El nuevo Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado algunos indicios de intentar transformar esta situación. Por un lado, se ha prometido no tapar las investigaciones del caso Odebrecht en el país, al tiempo que ha nombrado a Irma Sandoval, una académica de la UNAM que se ha dedicado al estudio de este fenómeno, como titular del Secretaría de la Función Pública. Por otra parte, la nueva administración deberá además consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, y nombrar un cuadro de fiscales y jueces especializados en la materia. Pero México, como todos los países de la región, se enfrentan al desafío de prevenir la corrupción.
"Este sistema que se creó es un modelo reactivo a los actos corruptos, pero no preventivo. Habría que pensar no solamente en cómo reaccionar, qué castigos o qué sanciones aplicar, sino sobre todo cómo prevenir, que nos parece que es lo más importante. Puedes agarrar a uno, el cabecilla, pero tiene toda una red detrás de él de seguidores, discípulos, hijos, pupilos…", indicó Oscar Diego Bautista.

Labores de rescate tras el sismo en México (archivo)
"Eso sigue y se reproduce. La cuestión es ir de raíz al problema y ahí entraría el tema de la ética pública, como un conjunto de instrumentos éticos para intentar generar una conciencia, no solamente en el servidor público, sino también en el ámbito empresarial y el ámbito social. Esos son los tres grandes sectores de un estado donde se genera el círculo vicioso de la corrupción", agregó el académico. Aunque el concepto de ética pública parezca algo nuevo, es algo que se ha planteado en diferentes civilizaciones hace miles de años. Tanto en el pensamiento de Confucio, como en el de los principales filósofos griegos y estadistas romanos, se ha reflexionado sobre las distintas cualidades que deben tener los servidores públicos.
La ética pública rescata la filosofía milenaria del servidor público, precisamente para que quien ocupe un cargo "esté para servir y no para servirse" de su puesto. El desgaste de este precepto ha dado paso a la figura del servidor corrupto.
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"La omisión de la ética pública ha dado paso a que el servidor público posea un espíritu del capitalismo, que llegue al cargo público y en lugar de servir se corrompa con dinero, lucre y en algunos casos ese da un pase directo al enriquecimiento", constató el investigador. En 2021 se marcarán 500 años de la conquista española de México, y en esta fecha simbólicamente también "se van a cumplir 500 años de corrupción". En todo este tiempo, el fenómeno se ha multiplicado, incrementado y sofisticado con nuevas tecnologías que se incorporan a la corrupción", puntualizó el experto.
"La gente que realiza estas prácticas corruptas es gente muy sagaz, muy astuta. Como tiene esa capacidad de inteligencia para realizar actos corruptos, el fenómeno ha invadido todos los espacios: lo político, lo económico, lo social, lo cultural", agregó.
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La ética pública, entonces, se plantea como una manera de poner un freno e intentar dar marcha atrás para transformar el "círculo vicioso" en un "círculo virtuoso". Uno de los grandes desafíos para combatir la corrupción es desnaturalizar actos que ya están incorporados en el día a día de las personas. "Como la corrupción se ha expandido tanto, ya no vemos los actos de corrupción, ya actuamos así, ya somos así, ya sabemos que así se vive e incluso algunos que esto no se va a cambiar. En la academia a eso le dicen 'ceguera axiológica': es cuando no ves lo que está mal y lo reproduces, enseñas y educas. Esto es muy grave porque hemos perdido el norte", constató el académico.
¿Puede erradicarse la corrupción? Para Oscar Diego Bautista, eliminarla del todo no es posible, pues ha estado presente en todas las épocas de la historia. Sin embargo, "sí se puede controlar".
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"Eso depende de los que gobiernan, si quieren o no controlarla. Hay ejemplos históricos y contemporáneos de países o gobiernos que cuando quieren controlar la corrupción la llevan a niveles mínimos. En el ámbito internacional, la corrupción es un fenómeno global. Sin embargo hay países más corruptos que otros", subrayó el académico.
En ese sentido, los países que lideran las clasificaciones de transparencia son los escandinavos. El profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México fue a Finlandia para investigar este fenómeno. En las clasificaciones de la OCDE, el país logró además el primer lugar en educación. Para el profesor, "hay una correlación estrecha entre educación, ética, valores y su aplicación en la sociedad". Esto no quiere decir que en Finlandia no exista la corrupción, pero sí tiene niveles abismalmente inferiores. Para el año que Bautista estudió, hubo 35 escándalos de corrupción, todos ellos con seguimiento y 25 con sentencia.
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Ese mismo años, en México hubo 200 millones de actos de corrupción de acuerdo con el capítulo de Transparencia Internacional en México. La diferencia demuestra, para el experto, que si "un gobierno sí se interesa, se preocupa y tiene inteligencia", el problema se puede controlar.
En América Latina el caso Odebrecht ha demostrado el nivel que ha alcanzado la corrupción, lo que pone más en vigencia la necesidad de establecer una red de ética pública que se contraponga a las redes delictivas. "Creo que es una inversión importante pero sus resultados no se dan pronto. Quitarnos 500 años de corrupción, de peso histórico, no es tan sencillo. Pero si logramos consolidar instituciones y tener claro que sí se pueden hacer las cosas, con los instrumentos que existen sí que es un poderoso instrumento el control de la corrupción", explicó.
"He ahí el dilema: hay medidas, hay seres que ya han hecho modelos y pueden implementarlos, pero mientras siga siendo el gran negocio y los gobernantes que ocupen los cargos públicos tengan intereses ahí, vamos a estar sumidos ahí en este fenómeno", concluyó.

El bloqueo financiero de EEUU cobra como víctima a la empresa Goodyear

El bloqueo financiero de EEUU cobra como víctima a la empresa Goodyear

Como parte del capítulo en la cronología que componen las agresiones financieras externas contra Venezuela, la empresa multinacional Goodyear anunció el cese de sus operaciones en el país, a través de un comunicado emitido a sus empleados y difundido públicamente en las redes sociales.
El documento se limita a informar a sus más de mil trabajadores el estatus de pagos, prestaciones, bonos y beneficios, además de señalar que a partir del 10 de diciembre del año en curso quedan sin autorización cualquier producción de la marca Goodyear en la única planta que estaba en funcionamiento, ubicada en Los Guayos, estado Carabobo.
Varias manifestaciones se habían efectuado por parte de los empleados de esta y otras empresas automotrices por el desmejoramiento de las condiciones salariales, en un contexto de asfixia a los bolsillos de los trabajadores venezolanos.
Aun cuando la fabricación de 1 mil 500 a 1 mil 900 cauchos diarios solamente alcanzaba el 20% de su capacidad productiva (de 10 mil 500), el personal que laboraba allí no tenía previo conocimiento de la decisión tomada por la transnacional. El sindicalista Luis Lovera manifestó que contaban con materia prima y que esos niveles de producción tenían tiempo sosteniéndose.
Añadió que las operaciones habían presentado dificultades por la necesidad de un aceite proporcionado por la estatal petrolera PDVSA, consecuencia de las maniobras financieras dirigidas por la Casa Blanca, y que ha debilitado el funcionamiento de la industria petrolera al ser bloqueados los canales financieros ordinarios para hacer tratos comerciales con otras empresas de procedencia estadounidense.
Esto último es confirmado por un representante sindical de la Goodyear, Jorge Rodríguez, en una nota de Reuters, donde sostiene que la mencionada salida de la automotriz de Venezuela está enmarcada "en las actuales condiciones económicas y bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos".
El propósito de agredir zonas sensibles de la economía nacional arrastra a filiales extranjeras que dependen del Estado venezolano en divisas e insumos derivados del petróleo, quienes en vista de ello se les hace imposible ocultar cómo las medidas de asfixia financiera destinadas a individualidades del chavismo, según comunicados oficiales de Estados Unidos, se han amplificado hasta alcanzarles.
La paralización de otorgamiento de divisas generadas por el Estado, seguido por el relanzamiento de un sistema de subasta que involucra la inversión de recursos por parte de particulares, también influye en el abandono de la transnacional, que prefiere pasar de las políticas estratégicas del plan de recuperación económica implementado por el gobierno nacional antes de mantenerse en el país.
De este modo, se viene a sumar a otras empresas globales que han minimizado sus actividades dentro del país. El colapso de esta fábrica en particular, encargada de suministrar neumáticos al parque automotor nacional, tiene implicaciones directas en el servicio de transporte nacional, que se encuentra actualmente perjudicado por la falta de repuestos, el alto costo de los mismos y la especulación extorsionadora de la mayoría de proveedores.
En la economía venezolana, como en cualquiera a escala global, el desmejoramiento del parque automotor no sólo significa un grado mayor de dificultad en la circulación de personas a través del servicio de transporte, sino que también toca los canales neurálgicos en la circulación de mercancías y productos esenciales a la población, como alimentos y otros bienes de consumo cotidiano. Sin camiones que transporten aquellos, no puede haber abastecimiento efectivo en las distintas regiones del país.
Ante esto, el gobierno venezolano tomó la decisión de reactivar las operaciones de la planta así como de garantizar la protección laboral de todos los trabajadores y solicitar a la Fiscalía Pública "una investigación penal contra los propietarios y responsables de la empresa CA Goodyear de Venezuela (GDV) para determinar su responsabilidad ante este hecho de sabotaje y boicot".
Bajo este contexto el bloqueo financiero cobra nuevas víctimas, no tanto por los propietarios de la empresa, sino por los trabajadores que quedaron colgando y los millones de venezolanos que se ven afectados por una disminución sensible en el parque automotor general del país, ya que genera un desequilibrio más en la ya delicada coyuntura económica nacional.

"El mundo de las apuestas busca convertir a nuestros hijos e hijas en personas dependientes y enfermas"

Entrevista a Inés Herrero, fiscal en las Palmas de Gran Canaria
"El mundo de las apuestas busca convertir a nuestros hijos e hijas en personas dependientes y enfermas"

El diario

La fiscal Herreros advierte de que la adicción al juego puede provocar un aumento de delitos como hurtos, robos o menudeo de drogas

- "Las casas de apuestas han mezclado algo tan sagrado y positivo para los chicos y chicas como es el deporte, con el mundo de la adicción y del azar" - "Tenemos un Código Penal de clase, porque trata de reprimir una serie de conductas que se dan sobre todo entre gente desfavorecida"

Inés Herreros, presidenta de la Asociación Gafas Lilas contra las Violencias Machistas.
 Inés Herreros
Inés Herreros, fiscal en las Palmas de Gran Canaria, había estado desligada en lo profesional y en lo personal del mundo de los juegos de azar hasta que hace dos años su perspectiva sobre el tema cambió radicalmente. Cerca de la ciudad de la Justicia en la que trabajaba cerró un supermercado que apenas tenía clientes para abrir poco después, en ese mismo lugar, un salón de apuestas.
"Pensaba que no iba a funcionar, pero al poco tiempo empecé a ver colas de gente que se jugaba el dinero. No tenía ningún sentido". A esta jurista cacereña, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, le preocupa que la sociedad llegue tarde a tomar conciencia del "disparate" que supone el aumento del número de locales de apuestas en nuestro país. Ha participado en varias conferencias para alertar de que si no se remedia pronto, esta adicción puede terminar incrementando la actividad delictiva en los barrios como ocurrió durante la epidemia de drogas de los años ochenta.
Usted prefiere no hablar ni de "casas de apuestas" ni de "juegos". ¿Por qué?
Las apuestas y los locales donde se practican ni son hogares, ni son juegos. El juego es un término enfocado a la infancia y a la adolescencia y el mundo de las apuestas lo que busca es convertir a nuestros hijos e hijas en personas dependientes y enfermas. Es sorprendente el tipo de prácticas que llevan a cabo estas empresas para ganar dinero sin ningún tipo de pudor: se colocan en barrios deprimidos, donde juegan con las esperanzas de la gente, y tratan de atraer a los más jóvenes. No soy la única que se ha dado cuenta de este disparate, lo he hablado también con otros compañeros juristas y también con asociaciones de barrio. Aunque parece que la sociedad está tomando conciencia de que es un problema en aumento, si existe tanta preocupación y los poderes públicos no le ponen remedio está claro que la legislación no está sirviendo a nuestros intereses, sino a los intereses de los dueños de las empresas.
¿Cree que los jóvenes son un objetivo de estos locales?
Sí, es un hecho. Son más impulsivos y estas empresas lo saben. Por eso somos nosotros, los adultos, quienes tenemos la responsabilidad de salvar a la infancia de esta lacra antes de que se conviertan en adictos. El objetivo de los responsables de estos locales es llamar la atención de la gente más joven, adolescentes y menores en muchos casos. Por eso las casas de apuestas han mezclado algo tan sagrado y positivo para los chicos y chicas como es el deporte, con el mundo de la adicción y del azar, que no tiene nada que ver con esos valores. Esto lo hacen en nuestras calles y en nuestros barrios y eso crea una gran intranquilidad entre los padres, porque sus hijos no pueden pasear como antes.
En el pasado hubo limitación de la publicidad del tabaco y de las drogas. ¿Debería hacerse lo mismo con las apuestas?
Es un tema bastante debatido. A mí me preocupa que deportistas o presentadores de televisión participen en estas campañas, porque al final son referentes en nuestra sociedad y de alguna forma modelos a seguir. Pero en todo caso, tenemos que plantearnos si queremos que publicitar apuestas quede al albur de lo que cada personaje público decida. Y, si no es así, tenemos que desarrollar una normativa que regule y limite la publicidad como ya sucedió con otras sustancias.
Los defensores del juego de azar aseguran que las apuestas hacen una función de entretenimiento y que además recaudan impuestos.
Que se recaude dinero debería darnos exactamente igual. Además, me parece una falacia decir que producen dinero, porque, principalmente, lo que generan es sufrimiento. Un sufrimiento a todos los niveles. A nivel personal, las apuestas crean tal dependencia que destroza el presente y el futuro de las personas. A nivel familiar, genera inseguridad dentro de los propios hogares, porque cuando en casa convives con una persona con ludopatía, tienes que esconder el dinero para evitar que se lo juegue. Así que se destruye la confianza en el seno de las familias. A nivel social, como ya he dicho, se produce un aumento de la inseguridad en nuestros barrios y municipios, porque la adicción puede llevar a los adictos a cometer delitos como hurtos, robos o menudeo de drogas. Es algo que está empezando a ocurrir y a lo que tenemos que poner freno.
Hay datos que alertan de que gran parte de los locales se están abriendo en los barrios más pobres. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, cada vez hay menos en zonas de rentas altas, como el barrio de Salamanca, y más en zonas empobrecidas.
Se produce una redistribución de la riqueza que va contra los propios principios de la Constitución española, porque el dinero pasa de las manos de los que tienen poco, a las de los que tienen mucho. Si se empobrecen los barrios, puede pasar algo parecido a lo que produjo la epidemia de drogas en los ochenta: que cambió la percepción que se tenía de los barrios humildes. Pasamos de aquello de "son pobres, pero honrados" a tenerles miedo y a relacionar la pobreza con los robos y la drogadicción. Cuando aumente la inseguridad, las autoridades dirán que es necesaria más presencia policial, pero no, lo que necesitamos es que haya una regulación que defienda nuestros intereses.
Si esto sucede, el peso de la ley caerá sobre la gente más vulnerable. ¿Debería considerarse como atenuantes la ludopatía como pasa con otras adicciones?
Seguramente tendría que incorporarse de alguna forma. En el Código Penal aparece regulado que se pueda atenuar la pena cuando se puede probar que la comisión del delito está relacionado con la adicción a sustancias tóxicas. Aun así, tenemos un Código Penal de clase, porque trata de reprimir una serie de conductas que se dan sobre todo entre gente desfavorecida, como demuestra que la mayoría de la población reclusa forme parte de los estamentos más humildes de sociedad. Por eso, creo que hay que tener presente lo que hicieron en el pasado asociaciones como las Madres Contra la Droga, quienes señalaron la parte de responsabilidad que tenían las instituciones y las administraciones durante los años ochenta y noventa. Gracias a experiencias como estas podemos ver el futuro que no queremos y hacer lo posible para que sea más digno. Creo que estamos a tiempo.
¿Qué pueden hacer los juristas?
La labor de los juristas y la de todos las que nos dedicamos al ámbito del derecho es tratar de no circunscribirnos tan solo al castigo del delito. Debemos propiciar la que se prevengan. Es una forma de ahorrar sufrimiento innecesario.
Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/apuestas-legislacion-sirviendo-intereses-empresas_0_844816324.html

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El diario

La fiscal Herreros advierte de que la adicción al juego puede provocar un aumento de delitos como hurtos, robos o menudeo de drogas

- "Las casas de apuestas han mezclado algo tan sagrado y positivo para los chicos y chicas como es el deporte, con el mundo de la adicción y del azar" - "Tenemos un Código Penal de clase, porque trata de reprimir una serie de conductas que se dan sobre todo entre gente desfavorecida"

Inés Herreros, presidenta de la Asociación Gafas Lilas contra las Violencias Machistas.
 Inés Herreros
Inés Herreros, fiscal en las Palmas de Gran Canaria, había estado desligada en lo profesional y en lo personal del mundo de los juegos de azar hasta que hace dos años su perspectiva sobre el tema cambió radicalmente. Cerca de la ciudad de la Justicia en la que trabajaba cerró un supermercado que apenas tenía clientes para abrir poco después, en ese mismo lugar, un salón de apuestas.
"Pensaba que no iba a funcionar, pero al poco tiempo empecé a ver colas de gente que se jugaba el dinero. No tenía ningún sentido". A esta jurista cacereña, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, le preocupa que la sociedad llegue tarde a tomar conciencia del "disparate" que supone el aumento del número de locales de apuestas en nuestro país. Ha participado en varias conferencias para alertar de que si no se remedia pronto, esta adicción puede terminar incrementando la actividad delictiva en los barrios como ocurrió durante la epidemia de drogas de los años ochenta.
Usted prefiere no hablar ni de "casas de apuestas" ni de "juegos". ¿Por qué?
Las apuestas y los locales donde se practican ni son hogares, ni son juegos. El juego es un término enfocado a la infancia y a la adolescencia y el mundo de las apuestas lo que busca es convertir a nuestros hijos e hijas en personas dependientes y enfermas. Es sorprendente el tipo de prácticas que llevan a cabo estas empresas para ganar dinero sin ningún tipo de pudor: se colocan en barrios deprimidos, donde juegan con las esperanzas de la gente, y tratan de atraer a los más jóvenes. No soy la única que se ha dado cuenta de este disparate, lo he hablado también con otros compañeros juristas y también con asociaciones de barrio. Aunque parece que la sociedad está tomando conciencia de que es un problema en aumento, si existe tanta preocupación y los poderes públicos no le ponen remedio está claro que la legislación no está sirviendo a nuestros intereses, sino a los intereses de los dueños de las empresas.
¿Cree que los jóvenes son un objetivo de estos locales?
Sí, es un hecho. Son más impulsivos y estas empresas lo saben. Por eso somos nosotros, los adultos, quienes tenemos la responsabilidad de salvar a la infancia de esta lacra antes de que se conviertan en adictos. El objetivo de los responsables de estos locales es llamar la atención de la gente más joven, adolescentes y menores en muchos casos. Por eso las casas de apuestas han mezclado algo tan sagrado y positivo para los chicos y chicas como es el deporte, con el mundo de la adicción y del azar, que no tiene nada que ver con esos valores. Esto lo hacen en nuestras calles y en nuestros barrios y eso crea una gran intranquilidad entre los padres, porque sus hijos no pueden pasear como antes.
En el pasado hubo limitación de la publicidad del tabaco y de las drogas. ¿Debería hacerse lo mismo con las apuestas?
Es un tema bastante debatido. A mí me preocupa que deportistas o presentadores de televisión participen en estas campañas, porque al final son referentes en nuestra sociedad y de alguna forma modelos a seguir. Pero en todo caso, tenemos que plantearnos si queremos que publicitar apuestas quede al albur de lo que cada personaje público decida. Y, si no es así, tenemos que desarrollar una normativa que regule y limite la publicidad como ya sucedió con otras sustancias.
Los defensores del juego de azar aseguran que las apuestas hacen una función de entretenimiento y que además recaudan impuestos.
Que se recaude dinero debería darnos exactamente igual. Además, me parece una falacia decir que producen dinero, porque, principalmente, lo que generan es sufrimiento. Un sufrimiento a todos los niveles. A nivel personal, las apuestas crean tal dependencia que destroza el presente y el futuro de las personas. A nivel familiar, genera inseguridad dentro de los propios hogares, porque cuando en casa convives con una persona con ludopatía, tienes que esconder el dinero para evitar que se lo juegue. Así que se destruye la confianza en el seno de las familias. A nivel social, como ya he dicho, se produce un aumento de la inseguridad en nuestros barrios y municipios, porque la adicción puede llevar a los adictos a cometer delitos como hurtos, robos o menudeo de drogas. Es algo que está empezando a ocurrir y a lo que tenemos que poner freno.
Hay datos que alertan de que gran parte de los locales se están abriendo en los barrios más pobres. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, cada vez hay menos en zonas de rentas altas, como el barrio de Salamanca, y más en zonas empobrecidas.
Se produce una redistribución de la riqueza que va contra los propios principios de la Constitución española, porque el dinero pasa de las manos de los que tienen poco, a las de los que tienen mucho. Si se empobrecen los barrios, puede pasar algo parecido a lo que produjo la epidemia de drogas en los ochenta: que cambió la percepción que se tenía de los barrios humildes. Pasamos de aquello de "son pobres, pero honrados" a tenerles miedo y a relacionar la pobreza con los robos y la drogadicción. Cuando aumente la inseguridad, las autoridades dirán que es necesaria más presencia policial, pero no, lo que necesitamos es que haya una regulación que defienda nuestros intereses.
Si esto sucede, el peso de la ley caerá sobre la gente más vulnerable. ¿Debería considerarse como atenuantes la ludopatía como pasa con otras adicciones?
Seguramente tendría que incorporarse de alguna forma. En el Código Penal aparece regulado que se pueda atenuar la pena cuando se puede probar que la comisión del delito está relacionado con la adicción a sustancias tóxicas. Aun así, tenemos un Código Penal de clase, porque trata de reprimir una serie de conductas que se dan sobre todo entre gente desfavorecida, como demuestra que la mayoría de la población reclusa forme parte de los estamentos más humildes de sociedad. Por eso, creo que hay que tener presente lo que hicieron en el pasado asociaciones como las Madres Contra la Droga, quienes señalaron la parte de responsabilidad que tenían las instituciones y las administraciones durante los años ochenta y noventa. Gracias a experiencias como estas podemos ver el futuro que no queremos y hacer lo posible para que sea más digno. Creo que estamos a tiempo.
¿Qué pueden hacer los juristas?
La labor de los juristas y la de todos las que nos dedicamos al ámbito del derecho es tratar de no circunscribirnos tan solo al castigo del delito. Debemos propiciar la que se prevengan. Es una forma de ahorrar sufrimiento innecesario.
Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/apuestas-legislacion-sirviendo-intereses-empresas_0_844816324.html


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